Por: Gustavo Vélez —
En abril de 2016, la economía de Puerto Rico cumplirá una década de depresión. Un período nefasto sin precedentes en la historia reciente de la isla. Las debilidades estructurales de un modelo económico que se volvió obsoleto ante la globalización y el fin de la era de los incentivos contributivos federales, han sido los principales factores propulsores de la “Gran Depresión” puertorriqueña. En segunda instancia, la falta de compromiso de los principales actores institucionales para habilitar un pacto de país que permitiera viabilizar las reformas estructurales han abonado al actual nivel de estancamiento.
En síntesis, aún no se han comprendido los profundos cambios económicos internacionales y la nueva realidad geopolítica que han ocurrido en las últimas décadas. Como sociedad, seguimos abrazados a los viejos paradigmas que hoy lamentablemente no funcionan. El paternalismo, el gigantismo gubernamental, el populismo, el clientelismo político y el intervencionismo excesivo del estado en la economía, han dejado de ser los factores determinantes de las economías modernas y exitosas.
Desde nuestra perspectiva, durante el período de transición provisto por el Congreso al eliminar la Sección 936 (1996 – 2005), los diferentes gobiernos no entendieron lo que representaba ese evento histórico. Por primera vez, desde el inicio del proyecto de industrialización económica en el 1948, la economía puertorriqueña no dispondría de un incentivo contributivo federal, como lo fue la Sección 931 y luego la Sección 936. La incapacidad de articular un nuevo proyecto económico y de encontrar nuevos nichos de competitividad global descarrilaron el proceso de desarrollo de la economía local. Más grave aún, la renuencia a re-conceptualizar el tamaño y el rol del gobierno, llevaron a perpetuar el gasto a niveles insostenibles y de ahí el surgimiento de los déficits estructurales.
El disloque político causado por el gobierno compartido durante el 2005 al 2008, imposibilitaron la implementación de las reformas propuestas por el Gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
La entrada en vigor del Impuesto de Venta y Uso de 7% (IVU) expandió la base contributiva, pero la economía continúo débil y el gasto público continuo en espiral. En materia de desarrollo económico, las dos propuestas fundamentales de su administración, convertir el capital local en punta de lanza de la recuperación económica y el fortalecimiento de la manufactura biotecnológica fueron pasos correctos dentro de un momento de mucha turbulencia política, y de crisis financiera global.
La agudización de la crisis fiscal llevó a la toma de decisiones fiscales difíciles por parte del Gobernador Luis G. Fortuño (2009-2012). Altamente criticadas en el aquel momento histórico, las reformas fiscales y económicas fueron un paso en la dirección correcta. Casi al borde de la degradación del crédito de Puerto Rico a la categoría de “chatarra”, la disciplina fiscal y las reformas económicas fueron la respuesta histórica a aquel desafío.
Indudablemente, ninguna reforma es perfecta y el “shock” social y económico de las medidas fiscales fueron de gran magnitud, pero eran parte de una transición a nueva era de responsabilidad fiscal. La inyección de $7,000 millones en fondos ARRA y la reforma contributiva del 2010, fueron determinantes para lograr el proceso de estabilización de la economía y la tendencia a la recuperación que experimentó la economía entre el 2011 y 2012. En el 2012, la Junta de Planificación de Puerto Rico reportó que la economía creció en .5%, cifra que es marginal si se toma en cuenta las caídas registradas desde el 2007 hasta ese momento. Lo importante era la tendencia y la credibilidad que gradualmente se comenzaba a ganar Puerto Rico en los mercados de capital y en la comunidad de negocios internacional. El próximo paso de esa estrategia, era la atracción de capital externo y la gestación de nuevas inversiones por parte de las empresas locales, dentro de un nuevo ambiente de bajas tasas contributivas y estabilidad económica. Las alianzas público-privadas y las Leyes 20 y 22 eran instrumentos esenciales de ese plan de reactivación económica, al permitir atraer empresas, inversión e inyección de dinero nuevo para revitalizar la infraestructura.
El cambio en la filosofía económica y fiscal a partir de enero 2013 implicó aumentar el gasto y los impuestos, con los resultados ya conocidos. La degradación crediticia ocurrida febrero de 2014, junto con la eventual agudización de la crisis fiscal y económica, nos ha traído a un momento crucial y decisivo en la historia moderna de Puerto Rico. Luego de una década de depresión debemos comenzar a tomar las decisiones correctas, dejando a un lado lo que les conviene a los partidos políticos o a cada grupo de interés. La clara insolvencia del gobierno y la incapacidad de poder pagar parte de la deuda pública pavimenta la ruta a una acción del Congreso, donde ya hay voces poderosas que favorecen una Junta Fiscal Federal.
Importantes líderes de los cuerpos legislativos, reconocen el problema estructural de la Isla y un posible problema institucional que impide el funcionamiento de la economía. Sería ingenuo pensar que el gobierno federal habilite algún mecanismo para ayudarnos sin ellos establecer un control sobre cómo se utilizará esa ayuda.
Independientemente de las acciones que tomen los poderes federales sobre Puerto Rico, la clase política local tiene que entender que la única ruta para retomar la ruta del crecimiento, es la disciplina fiscal y la creación de las condiciones para que el sector empresarial invierta y genere las actividades productivas para poner a caminar nuevamente a la economía. Ignorar esto sería condenar a la isla al estancamiento económico y social de forma indefinida.
